Las autoridades han utilizado burdas
tácticas de propaganda para deshumanizar a las víctimas ante la opinión pública
y desviar la atención de los juicios plagados de defectos que desembocaron en
sus condenas de muerte; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que
ha publicado hoy.
En Broadcasting injustice, boasting of mass
killing, la organización pone de relieve la campaña mediática emprendida por
las autoridades iraníes tras la ejecución colectiva, el 2 de agosto de 2016, de
25 hombres suníes acusados de pertenecer a un grupo armado, consistente en
inundar los medios de comunicación controlados por el Estado de abundantes
vídeos con sus “confesiones” forzadas en un intento de justificar las
ejecuciones.
“Al exhibir a los condenados a muerte por
la televisión nacional, las autoridades intentan descaradamente convencer a la
opinión pública de su ‘culpabilidad’, pero no consiguen enmascarar una realidad
alarmante: que los hombres ejecutados fueron declarados culpables de delitos
definidos en términos imprecisos y ambiguos, y condenados a muerte tras juicios
manifiestamente injustos”, ha manifestado Philip Luther, director de
Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África de
Amnistía Internacional.
“Las autoridades iraníes tienen la
obligación de llevar ante la justicia a quienes cometan ataques armados con
resultado de muerte de civiles. Sin embargo, en ningún caso está justificado
obtener “confesiones” forzadas mediante tortura u otros malos tratos y
difundirlas en vídeos escalofriantes. Constituye una grave violación de los
derechos de los presos y los priva, a ellos y a sus familias, de la dignidad
humana.
Los videomontajes de las “confesiones”
contienen titulares sensacionalistas como “En manos del demonio” (Dar dast-e
Sheytan) y “En la oscuridad profunda” (Dar omgh-e tariki), y melodramáticas
pistas musicales de acompañamiento. En algunos vídeos se han intercalado las
escenas de los hombres con textos propios de un tráiler de película, como
“continuará” o “próximamente”, para potenciar su efecto dramático.
“Confesiones” forzadas
En mensajes grabados en prisión y
difundidos por Internet usando un teléfono móvil clandestino, muchos de estos
hombres decían que habían sido obligados a “confesar” ante una cámara tras ser
torturados durante meses en centros de detención del Ministerio de
Inteligencia, donde soportaron reclusión prolongada en régimen de aislamiento.
Según contaban, recibieron patadas, puñetazos, golpes con porras eléctricas y
latigazos, y fueron privados de sueño y de acceso a alimentos y medicamentos.
“Pensé que no me quedaba otra salida […]
Ya no podía aguantar más abusos y torturas […] Ellos [funcionarios de
inteligencia] me pusieron delante de una cámara y me dijeron que cerrarían mi
caso y me dejarían libre si decía lo que ellos me mandaran decir”, afirmaba
Mokhtar Rahimi, uno de los hombres ejecutados, y añadía que posteriormente se
habían utilizado esas declaraciones para declararlo culpable.
Otro hombre, Kaveh Sharifi, decía que le
habían ordenado memorizar seis páginas de texto que había preparado el
Ministerio de Inteligencia:
“Estuve practicando casi dos horas al día
hasta conseguir memorizar toda la información […] Incluso me dijeron que
moviera las manos y mantuviera una expresión alegre para que nadie sospechara
que estaba recluido en aislamiento o sufriendo malos tratos.”
Incluso me dijeron que moviera las manos y
mantuviera una expresión alegre para que nadie sospechara que estaba recluido
en aislamiento o sufriendo malos tratos.
Kaveh Sharifi Condenado a muerte en Irán
Además de difundir los vídeos
propagandísticos, las autoridades iraníes publicaron también una serie de
declaraciones incendiarias que, de igual manera, describían a los ejecutados
como abyectos delincuentes que merecían el castigo recibido. Como las
“confesiones” en vídeo, tales declaraciones hacen una descripción distorsionada
de los hechos y menoscaban la dignidad y reputación de estos hombres. Les
atribuyen colectivamente un amplio conjunto de actividades delictivas y no
aclaran la participación de cada uno en los hechos denunciados.
Vídeos de propaganda
Kaveh Sharifi, Kaveh Veysee, Shahram Ahmadi
y Edris Nemati, que estaban entre los 25 hombres ejecutados el 2 de agosto de
2016, aparecen en los vídeos de “confesión”. Loghman Amini, Bashir Shahnazari,
Saman Mohammadi y Shouresh Alimoradi, cuatro hombres suníes que estuvieron recluidos
en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, provincia
de Kurdistán, también aparecen de manera destacada.
En los vídeos, estos hombres se humillan
repetidamente llamándose a sí mismos “terroristas” que merecen castigo. “Confiesan”
su relación con un grupo llamado Towhid va Jahad, que, dicen, llevó a cabo
ataques armados y conspiró para asesinar a “infieles” (kafir). En algunos de
los vídeos se comparan a sí mismos con el grupo armado autodenominado Estado
Islámico y afirman que habrían cometido “atrocidades peores” que dicho grupo si
no los hubieran detenido. Estas grabaciones se intercalan con fragmentos de
vídeo sobre las atrocidades cometidas por el Estado Islámico en Irak y Siria,
en un intento evidente de explotar el miedo de la población a las amenazas para
la seguridad en otras partes de la región y así justificar las ejecuciones de
los hombres.
Los vídeos contienen además varias
incongruencias que indican que las “confesiones” probablemente se hicieron
siguiendo un guión. En algunos casos se relaciona a los hombres con delitos
cometidos meses después de su detención, o la naturaleza de los crímenes que se
les imputan cambia radicalmente de un vídeo a otro.
Los vídeos de “confesión” reflejan los
niveles alcanzados por los servicios de seguridad e inteligencia de Irán en su
violación del derecho a la presunción de inocencia de estos hombres, y de su
derecho a no declarar contra sí mismos.
Los hombres fueron declarados culpables de
“enemistad con Dios” (delito de imprecisa definición) a través de su
“pertenencia a un grupo suní salafista” y de cometer ataques armados y
asesinatos. Sin embargo, muchos habían negado reiteradamente su participación
en tales actividades durante los años que permanecieron en espera de ejecución.
Amnistía Internacional no ha podido
confirmar ninguno de los relatos contradictorios, principalmente debido al
secreto que rodea los juicios. No obstante, su labor de investigación indica
que los juicios de estos hombres fueron manifiestamente injustos. Todos fueron
privados de acceso a un abogado en la fase de investigación, y dijeron que los
habían sometido a tortura para obligarlos a hacer “confesiones” que después se
utilizaron para declararlos culpables.
Como Estado Parte en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, Irán está jurídicamente obligado a prohibir,
prevenir y castigar la tortura, a abstenerse de admitir como prueba
“confesiones” obtenidas mediante tortura y a garantizar un juicio justo para
todas las personas acusadas de un delito. Dado el carácter irreversible de la
pena de muerte, la estricta observancia de las garantías internacionales sobre
juicios justos es absolutamente primordial en tales casos.
Los vídeos fueron producidos y emitidos por
diversos medios de comunicación asociados al Estado, entre ellos la
Radiotelevisión de la República Islámica de Irán, Press TV y una organización
llamada Habilian Association. Todo organismo controlado por el Estado que haya
participado en la producción de los vídeos de “confesión” tiene parte de la
responsabilidad en las violaciones de derechos humanos cometidas contra los
hombres que aparecen en las producciones y sus familias.
Tres meses después de la ejecución
colectiva, las autoridades iraníes no han facilitado información sobre la
actividad delictiva precisa por la que cada uno de los hombres ejecutados fue
acusado y declarado culpable. No hacerlo contraviene la obligación de Irán, en
virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de dictar sentencia
públicamente en todas las causas penales, exponiendo con claridad las pruebas y
los argumentos jurídicos en los que se ha basado el fallo condenatorio.
“Las autoridades iraníes deben tomar
medidas de inmediato para dejar de producir y difundir ‘confesiones’ obtenidas
mediante tortura y otros malos tratos. Deben asimismo retirar el velo de
secreto que envuelve las actuaciones judiciales y garantizar que los tribunales
dictan sentencias bien fundadas y públicamente accesibles”, ha dicho Philip
Luther.
La organización pide a las autoridades
iraníes que declaren de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones con
vistas a la abolición de la pena capital.
Información complementaria
Los 25 hombres ejecutados el 2 de agosto de
2016 formaban parte de un grupo más amplio de suníes, la mayoría detenidos
entre 2009 y 2011, con motivo de una serie de asesinatos y enfrentamientos
armados en la provincia iraní de Kurdistán. Aunque las autoridades han
reconocido que aquel día se llevaron a cabo 20 ejecuciones, información verosímil
recibida por Amnistía Internacional indica que hubo 5 más, lo que elevaría el
número total de ejecuciones a 25.
Decenas de hombres, entre ellos Barzan
Nasrollahzadeh, detenido cuando tenía menos de 18 años, continúan en espera de
ejecución.
Amnistía Internacional se opone a la pena
de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o
las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o
inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo
la ejecución. La organización hace campaña en favor de la abolición total de la
pena de muerte.
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